Astiz y otros genocidas piden domiciliaria por el coronavirus
Los represores aducen que son grupo de riesgo por su edad, sin embargo la mayoría de los planteos de este tipo en relación con el coronavirus fue rechazado porque en los penales hay un protocolo de prevención y aún no se han reportado casos de contagio.
El represor Alfredo Astiz, que cumple dos condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, pidió que se lo beneficiara con la prisión domiciliaria escudándose en la pandemia de coronavirus. El conocido “Ángel de la muerte” durante la dictadura cívico-militar tiene cáncer de próstata y, según su defensa, pertenece a un grupo de riesgo. El TOF 5, que lo condenó en ambas oportunidades, ordenó que se le realizaran pericias médicas.
Si bien la Cámara Federal de Casación la semana pasada ordenó la “urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes”, hasta el momento, la mayoría de los planteos de arresto domiciliario o excarcelación en relación con el coronavirus fueron rechazados porque en los penales se estableció un protocolo de prevención y aún no se han reportado casos de contagio.
“El rubio”, como lo llamaban en la ex ESMA, que ahora tiene 69 años, supo infiltrarse en la temprana organización de las Madres de Plaza de Mayo y “marcó” a varias de ellas y algunas colaboradoras que fueron secuestradas y desaparecidas, entre ellas Azucena Villaflor, las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y la joven sueca Dagmar Hagelin. Más tarde su jefe directo, el “Tigre” Acosta lo envió a Francia para que se infiltrara en los grupos de exiliados, hasta que un día una de sus víctimas lo reconoció en la embajada y le dijo: «Vos me torturaste en la ESMA». Recién allí su máscara comenzó a caerse.
Pero Astiz no es el único genocida que busca escabullirse de las rejas con la excusa de la pandemia, más de veinte han solicitado recibir ese beneficio. En general se trata de personas mayores, que sólo por eso integran el grupo de riesgo. Por caso, Miguel Etchetcoltaz, de 90 años, ex jefe máximo de la Bonaerense y condenado por centenares de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, además de estar severamente sospechado en la segunda desaparición de Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006. A este feroz delincuente ya le habían dispensado la prisión domiciliaria a causa de su edad y precario estado de salud. En ese momento, diciembre de 2017, los escraches públicos lograron que se revocara esa decisión.