Familiares de víctimas y sobrevivientes de Cromañón denuncian “maltrato institucional” del Gobierno de la Ciudad

 

La denuncia apunta al incumplimiento de la ley de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes del incendio del 30 de diciembre de 2004 en el boliche, donde murieron 194 personas.

Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón aseguraron que son sometidos a “violencia institucional” por parte del gobierno porteño, ya que la asistencia médica y psicológica que se les debe dar por ley es “desastrosa“, y el arrendamiento de los nichos en el cementerio de Chacarita, donde descansan los fallecidos, deben costearlo ellos pese a que el servicio fue establecido en forma gratuita y a perpetuidad.

La denuncia apunta al incumplimiento de la ley de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes del incendio ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando se incendió el boliche “República Cromañón” durante un recital de la banda Callejeros, por el cual murieron 194 personas y más de mil resultaron heridas.

La norma, sancionada en 2013 y refrendada en 2018 por la Legislatura, estableció la obligatoriedad del Estado porteño de dar asistencia integral en materia de tratamientos médicos, salud mental y controles neumonológicos, los que están a cargo del Programa de Salud Integral para Damnificados de la tragedia de Cromañón.

La ley, además, dispuso la entrega de un subsidio económico mensual y fijó la creación de una Comisión de Seguimiento de la aplicación del programa, la cual debe estar conformada por representantes de las organizaciones vinculadas a la tragedia, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores porteños.

De acuerdo a la denuncia, “hay un incumplimiento constante de las normativas vinculadas a la masacre de Cromañón” que se inicia con las falencias en el servicio de asistencia e incluye la falta de reuniones de la Comisión estipuladas en dos por año, así como el olvido de convocar a los legisladores a participar de esos encuentros.

Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, quien murió a los 18 en el boliche de Once, y forma parte de Movimiento Cromañón, dijo a Télam que “son reiteradas las situaciones de violencia institucional que vivimos” ya que “siempre la atención en materia de asistencia a la salud fue desastrosa, no por los profesionales médicos, sino por la falta de los servicios, pero con la pandemia se agudizó todo”.

“Presentamos un pedido de acceso a la información pública en el marco de la ley 104, para conocer el espacio físico donde funciona el Programa ya que fue cambiando de sede en la pandemia y preguntamos cómo se podía acceder al mismo y en una nota oficial nos respondieron que están en el primer piso del Hospital Santojanni y que podemos acceder ´por escalera o ascensor´”, relató.

Por su parte, Belkyss Contino, sobreviviente, contó a Télam que la Comisión de Seguimiento y Control se reunió solamente dos veces desde su creación y precisó que en el segundo encuentro, ocurrido hace poco más de un mes a través de la plataforma Zoom, sufrieron “maltrato”, lo que llevó a que las organizaciones participantes emitieran un comunicado conjunto en repudio a la actitud de los funcionarios porteños.

“Fue vergonzoso. Fuimos desoídos por completo al punto de cortarnos el micrófono y terminar la reunión cuando quisieron”, precisó y evaluó que la seguidilla de incumplimientos a las normativas forman parte de una intención de “un desentendimiento silencioso que hacen frente a la masacre de Cromañón”.