Familiares de víctimas y sobrevivientes de Cromañón denuncian «maltrato institucional» del Gobierno de la Ciudad
La denuncia apunta al incumplimiento de la ley de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes del incendio del 30 de diciembre de 2004 en el boliche, donde murieron 194 personas.
Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón aseguraron que son sometidos a «violencia institucional» por parte del gobierno porteño, ya que la asistencia médica y psicológica que se les debe dar por ley es «desastrosa«, y el arrendamiento de los nichos en el cementerio de Chacarita, donde descansan los fallecidos, deben costearlo ellos pese a que el servicio fue establecido en forma gratuita y a perpetuidad.
La denuncia apunta al incumplimiento de la ley de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes del incendio ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando se incendió el boliche «República Cromañón» durante un recital de la banda Callejeros, por el cual murieron 194 personas y más de mil resultaron heridas.
La norma, sancionada en 2013 y refrendada en 2018 por la Legislatura, estableció la obligatoriedad del Estado porteño de dar asistencia integral en materia de tratamientos médicos, salud mental y controles neumonológicos, los que están a cargo del Programa de Salud Integral para Damnificados de la tragedia de Cromañón.
La ley, además, dispuso la entrega de un subsidio económico mensual y fijó la creación de una Comisión de Seguimiento de la aplicación del programa, la cual debe estar conformada por representantes de las organizaciones vinculadas a la tragedia, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores porteños.
De acuerdo a la denuncia, «hay un incumplimiento constante de las normativas vinculadas a la masacre de Cromañón» que se inicia con las falencias en el servicio de asistencia e incluye la falta de reuniones de la Comisión estipuladas en dos por año, así como el olvido de convocar a los legisladores a participar de esos encuentros.
Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, quien murió a los 18 en el boliche de Once, y forma parte de Movimiento Cromañón, dijo a Télam que «son reiteradas las situaciones de violencia institucional que vivimos» ya que «siempre la atención en materia de asistencia a la salud fue desastrosa, no por los profesionales médicos, sino por la falta de los servicios, pero con la pandemia se agudizó todo».
«Presentamos un pedido de acceso a la información pública en el marco de la ley 104, para conocer el espacio físico donde funciona el Programa ya que fue cambiando de sede en la pandemia y preguntamos cómo se podía acceder al mismo y en una nota oficial nos respondieron que están en el primer piso del Hospital Santojanni y que podemos acceder ´por escalera o ascensor´», relató.
Por su parte, Belkyss Contino, sobreviviente, contó a Télam que la Comisión de Seguimiento y Control se reunió solamente dos veces desde su creación y precisó que en el segundo encuentro, ocurrido hace poco más de un mes a través de la plataforma Zoom, sufrieron «maltrato», lo que llevó a que las organizaciones participantes emitieran un comunicado conjunto en repudio a la actitud de los funcionarios porteños.
«Fue vergonzoso. Fuimos desoídos por completo al punto de cortarnos el micrófono y terminar la reunión cuando quisieron», precisó y evaluó que la seguidilla de incumplimientos a las normativas forman parte de una intención de «un desentendimiento silencioso que hacen frente a la masacre de Cromañón».